Por Juan Pablo Ojeda
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, hizo un llamado este miércoles a entablar un debate formal sobre el respeto en el ejercicio público, tras la resolución dictada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el senador Gerardo Fernández Noroña por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la legisladora Grecia Quiroz.
El fallo del órgano electoral, emitido en apego a los protocolos vigentes de protección a los derechos políticos, impuso al legislador la obligación de ofrecer una disculpa pública y cumplir con su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Durante una intervención pública en la capital mexicana, Montiel Reyes subrayó que el acatamiento de las disposiciones emitidas por la autoridad electoral constituye un pilar indispensable para la preservación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la convivencia democrática entre los actores políticos.
La funcionaria federal enfatizó que la discusión sobre el lenguaje y las actitudes en la tribuna no debe limitarse a la aplicación de sanciones administrativas punitivas, sino traducirse en un compromiso ético medible que prevenga agresiones verbales o sistemáticas contra las funcionarias e integrantes del Poder Legislativo.
Los registros estadísticos del INE indican que el catálogo nacional de sancionados por violencia política de género ha acumulado decenas de resoluciones firmes en los últimos periodos electorales, siendo la retórica pública y las declaraciones vertidas en medios de comunicación las causas más recurrentes de expedientes sancionatorios.
Montiel Reyes precisó que la apertura a la confrontación de ideas no debe confundirse con la permisividad hacia descalificaciones personales o expresiones que menoscaben la dignidad de las mujeres en el desempeño de cargos públicos o de representación popular.
La resolución del árbitro electoral marca un precedente operativo en la aplicación de las normativas de género para la LXVI Legislatura, estableciendo que el fuero parlamentario no exime a los representantes populares del cumplimiento estricto de las leyes de erradicación de la violencia hacia las mujeres.
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