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Sheinbaum reprocha a ministros buscar seguro médico con dinero público

Por Juan Pablo Ojeda

 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó que integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación busquen contar nuevamente con un seguro de gastos médicos pagado con recursos públicos, al considerar que este tipo de prestaciones forman parte de los privilegios que fueron eliminados con la nueva integración del máximo tribunal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió a la discusión sobre las prestaciones y el presupuesto de la Suprema Corte, en medio de las diferencias que han surgido entre los propios ministros en torno al manejo de los recursos públicos y las medidas de austeridad.

Sheinbaum recordó que una de las decisiones tomadas con la renovación de la Corte fue eliminar beneficios que tenían los anteriores ministros, entre ellos el seguro de gastos médicos mayores, como parte de un esquema encaminado a reducir privilegios y contener el gasto público.

La presidenta cuestionó que ahora se pretenda recuperar este tipo de beneficios mediante recursos provenientes del presupuesto público.

El tema ocurre después de que la Suprema Corte solicitara un incremento presupuestal para 2026 y planteara, entre otros aspectos, la posibilidad de restituir el seguro de gastos médicos mayores para parte de su personal. De acuerdo con información difundida sobre el debate interno del tribunal, la propuesta generó cuestionamientos incluso dentro de la propia Corte.

La ministra Lenia Batres ha cuestionado públicamente el incremento presupuestal solicitado por el máximo tribunal y la restitución de algunas prestaciones, al considerar que podrían entrar en conflicto con las disposiciones de austeridad.

La discusión también ha puesto nuevamente sobre la mesa los gastos y beneficios que durante años estuvieron asociados con los integrantes de la Suprema Corte.

En enero pasado, Sheinbaum ya había presentado una comparación entre las prestaciones de los antiguos ministros y las de la nueva integración del máximo tribunal. En aquella ocasión señaló que, además de una reducción en sus percepciones, se habían eliminado diversos beneficios, entre ellos el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado y otros apoyos.

De acuerdo con los datos presentados entonces por la Presidencia, los anteriores ministros tenían un ingreso mensual neto de 206 mil 947 pesos, mientras que los nuevos integrantes recibían 134 mil 310 pesos. También se informó sobre la eliminación de prestaciones y apoyos considerados parte de los privilegios de la antigua Corte.

La controversia actual se suma a otros desacuerdos relacionados con el presupuesto del Poder Judicial. La Suprema Corte ha defendido el incremento presupuestal solicitado bajo argumentos relacionados con la operación institucional, el cumplimiento de obligaciones laborales y las necesidades de funcionamiento del tribunal.

El propio máximo tribunal ha señalado que el seguro de gastos médicos estaría sujeto a disponibilidad presupuestal y que no contemplaría a las ministras y ministros, de acuerdo con información difundida sobre la discusión.

Para el gobierno federal, sin embargo, el debate forma parte de una discusión más amplia sobre la utilización de recursos públicos y la necesidad de mantener una política de austeridad en las instituciones del Estado.

Sheinbaum ha convertido la eliminación de privilegios en uno de los argumentos centrales para defender los cambios derivados de la reforma judicial y la renovación de la Suprema Corte. La mandataria sostiene que los nuevos integrantes del Poder Judicial deben mantener una estructura de remuneraciones y prestaciones acorde con las políticas de austeridad impulsadas por su administración.

El tema podría continuar generando diferencias dentro de la propia Corte, particularmente por las distintas posturas entre sus integrantes respecto al presupuesto, las prestaciones y la aplicación de las medidas de austeridad.

Mientras tanto, la presidenta mantiene su postura de que los recursos públicos deben utilizarse para atender las necesidades de la población y no para recuperar prestaciones que fueron eliminadas a los antiguos integrantes del máximo tribunal.

 

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