Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declinó emitir una postura directa sobre la posibilidad de que Ismael «El Mayo» Zambada alcance un acuerdo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, remitiendo la atención del asunto a la vocería del Gabinete de Seguridad federal. La declaración se dio este miércoles 29 de julio de 2026 durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.
La consulta periodística surgió tras los reportes judiciales en Estados Unidos que señalan avances en las negociaciones entre la defensa del cofundador del Cártel de Sinaloa y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Ante la pregunta explícita sobre el impacto institucional de un pacto de culpabilidad, la mandataria argumentó que el análisis técnico del expediente corresponde a las autoridades del ramo de la seguridad y la justicia.
El expediente contra Zambada García en tribunales estadounidenses incluye cargos por conspiración para el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y armas de fuego, así como delincuencia organizada. De concretarse un acuerdo de culpabilidad, el proceso penal evitaría un juicio oral a cambio de la entrega de información estratégica y la confiscación de bienes millonarios.
En términos de cooperación bilateral, los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen abierta una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos en julio de 2024, cuando Zambada fue trasladado a territorio estadounidense junto a Joaquín Guzmán López. El gobierno mexicano ha solicitado de manera reiterada a Washington un informe técnico completo sobre las condiciones del vuelo y la detención.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realiza evaluaciones semanales sobre el comportamiento de los índices de homicidios dolosos en el noroeste del país. Los datos oficiales reflejan fluctuaciones en los eventos de violencia armada en el estado de Sinaloa derivados de las reconfiguraciones internas en los mandos de la organización criminal.
El marco normativo de los tratados de extradición y asistencia jurídica mutua entre México y Estados Unidos establece la obligación de compartir información relevante en investigaciones trasnacionales. No obstante, las autoridades mexicanas han manifestado que los acuerdos unilaterales de la justicia estadounidense no obligan jurídicamente a los tribunales locales en las causas penales abiertas en el país.
El Gabinete de Seguridad federal, integrado por las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional, Marina y la FGR, programará la presentación del reporte correspondiente sobre las implicaciones del caso. Mientras tanto, la administración federal mantiene la postura de esperar la notificación formal por los canales diplomáticos oficiales.
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